El Tribunal de Apelaciones Declara Inconstitucional la Ley de Conductores Inmigrantes

Tribunal de apelaciones: Ley de conductores inmigrantes es inconstitucional Un tribunal estatal de apelaciones ha declarado inconstitucional una ley de Louisiana que convierte en delito grave que los no ciudadanos conduzcan sin documentos que acrediten que se encuentran legalmente en los Estados Unidos. La decisión, emitida el miércoles por el Tribunal de Apelaciones del 3er Circuito con sede en Lake Charles, determinó que el estatuto de "operar un vehículo sin presencia legal en los Estados Unidos" es un intento inapropiado por parte del estado de hacer cumplir las leyes de inmigración, que generalmente son competencia exclusiva del gobierno federal. El fallo del miércoles entra en conflicto con un fallo de marzo del Tribunal de Apelaciones del 1er Circuito con sede en Baton Rouge y prepara el terreno para que el Tribunal Supremo estatal aborde el asunto. Marjorie Esman, Directora Ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles de Louisiana, dijo que sospecha que la ley de Louisiana será declarada inconstitucional, al igual que leyes similares en otros estados. "En términos generales, creo que cada vez que una de esas leyes ha sido desafiada, han sido anuladas", dijo. La decisión del 3er Circuito se produjo en el caso de Alexis Sarrabea, de 30 años, un hondureño que fue arrestado por el cargo de "presencia ilegal" después de ser detenido en la Parroquia de Lafayette. Su estatus migratorio sigue sin estar claro, según el registro judicial, pero la ley de "presencia ilegal" no aborda el estatus real de una persona, solo si esa persona lleva la documentación adecuada cuando es verificada por los agentes del orden. "Si no llevas ese documento, te arrestarán por eso", dijo Chad Ikerd, el defensor público que argumentó la apelación de Sarrabea. La decisión del 3er Circuito que anuló la condena de Sarrabea citó una controvertida decisión de 2012 del Tribunal Supremo de los EE. UU. que anuló partes de una ley de Arizona con disposiciones similares que requerían que los conductores llevaran documentos que acreditaran que se encontraban legalmente en el país. Ese caso se centró en las cuestiones del cumplimiento estatal de las leyes federales de inmigración, y el panel de tres jueces del 3er Circuito escribió en su opinión de esta semana que el Tribunal Supremo de los EE. UU. "dejó muy claro en Arizona que los estados no pueden de ninguna manera... inmiscuirse en un área del derecho totalmente ocupada por la ley federal." La postura del 3er Circuito difirió de la del Tribunal de Apelaciones del 1er Circuito en un fallo emitido en marzo. El 1er Circuito hizo una distinción de que la ley de Louisiana no regula la inmigración sino que solo requiere que los conductores no ciudadanos lleven ciertos documentos. En defensa de la ley, la Oficina del Fiscal General de Louisiana argumentó que el estatuto no discrimina a los inmigrantes ilegales porque cualquier inmigrante, legal o no, puede ser arrestado por no llevar la documentación adecuada. Las opiniones divergentes de dos tribunales de apelaciones estatales podrían llevar al Tribunal Supremo estatal a abordar la cuestión de si el estatuto de "presencia legal" debe permanecer en los libros, dijo el Fiscal del Distrito Judicial 15 Mike Harson, cuya oficina tramító la acusación de Sarrabea en la Parroquia de Lafayette. "Tiende a ser la carga del Tribunal Supremo asumir el caso y dar orientación", dijo Harson. Harson dijo que su oficina puede esperar hasta que el asunto esté resuelto antes de proceder en cualquier caso pendiente de "presencia legal". "Probablemente quedarán en suspenso", dijo. También aumenta las posibilidades de que el Tribunal Supremo estatal resuelva el asunto un fallo del Juez del Distrito Judicial 16 Charles Porter en noviembre que declaró la ley de "presencia ilegal" inconstitucional en un caso de la Parroquia de San Martín. Ese caso está programado para saltarse el tribunal de apelaciones e ir directamente al Tribunal Supremo estatal, el procedimiento normal cuando un juez de nivel de distrito falla contra una ley estatal. "Creo que, basándome en el caso de Arizona, la ley de Louisiana no puede sostenerse", dijo el abogado Frank Barber, quien maneja el caso de la Parroquia de San Martín. El estatuto de "presencia legal" fue aprobado en 2002, el año posterior a los ataques terroristas del 11 de septiembre, y la Oficina del Fiscal General de Louisiana ha argumentado en defensa de la ley que el objetivo principal de la Legislatura al aprobarlo era combatir el terrorismo más que abordar la inmigración ilegal. "Creo que esa fue la reacción impulsiva que tuvieron. Todo el mundo gritaba terrorista", dijo Barber. Pero el abogado dijo que la ley ahora parece estar dirigida a los hispanos. "Solo están molestando a la gente innecesariamente", dijo Barber. La Oficina del Fiscal General de Louisiana ha argumentado a favor de la ley en los dos casos del tribunal de apelaciones y en el caso de la Parroquia de San Martín. En respuesta a una pregunta sobre el reciente fallo del 3er Circuito, la portavoz de la oficina del Fiscal General, Laura Gerdes Colligan, dijo en un correo electrónico que la agencia está "actualmente revisando el fallo y determinando la manera adecuada de proceder." El estatuto de "presencia legal" contempla una pena máxima de un año de prisión y una multa de hasta $1,000. Contáctenos si tiene preguntas sobre este cambio en la ley. Las consultas iniciales son gratuitas y nunca paga honorarios a menos que recuperemos dinero para usted. Abogado de Accidentes de Automóvil en Baton Rouge. Abogado de Accidentes de Automóvil en Louisiana. Fuente: The Advocate